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Boletín de noticias 30 de enero de 2012
EL TIEMPO
GOBIERNO PROMETE DISCIPLINAR A ESCOLTAS QUE AFECTEN A LA CIUDADANÍA
Guardaespaldas de protegidos del Estado serán capacitados para que atiendan normas.
Los escoltas de funcionarios y personas protegidas por el Estado que con sus acciones afecten a la ciudadanía ahora sí tendrán sanciones.
Así lo anunció Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, quien dijo que su despacho comenzó una campaña, que inicialmente será de capacitación, pero que incluye también sanciones.
Según Villamizar, el problema radica en que para el 99,9 por ciento de los colombianos, el único contacto con un esquema de seguridad se da cuando lo incomodan o es víctima de algún abuso.
"Me refiero a los escoltas que parquean en las calles y arman trancón mientras esperan a su protegido durante horas; a los que manejan agresivamente y cierran los demás vehículos, o a los que intimidan a la gente mostrándoles las armas", explicó el funcionario.
También hizo referencia a los que con sus motos bloquean los cruces para facilitar el desplazamiento de su protegido, y advirtió que "es algo que está terminantemente prohibido", salvo para la caravana presidencial.
Por ello se dio inicio a la campaña, la cual contempla varios aspectos. Los escoltas, por ejemplo, recibirán capacitación sobre el respeto que deben tener con la ciudadanía en su trabajo diario.
"También se hará una labor de concientización con los protegidos, que son los que en la mayoría de los casos incitan a su esquema a cometer estas arbitrariedades. Son los que le dicen al escolta 'pásese el semáforo, métase en contravía o espéreme en la calle'", señaló Villamizar.
A lo anterior se suma que la Unidad de Protección abrió unos canales de comunicación para que la comunidad pueda denunciar los abusos o arbitrariedades de los miembros de la seguridad oficial.
"Una vez se termine la capacitación, en marzo próximo, se implementarán inclusive sanciones disciplinarias contra el personal de protección que cometa este tipo de faltas", señaló.
Adicionalmente, ya se habilitó una cuenta de correo (contacto@unp.gov.co) y una en Twitter (@villamizar) para que la gente pueda denunciar cualquier irregularidad de los guardaespaldas. También se busca habilitar una línea telefónica.
Las quejas
Según Villamizar, en lo corrido del año van más de 200 quejas sobre aparentes anomalías cometidas por esquemas de seguridad.
El funcionario señaló que el mayor número de reclamos recae en los escoltas militares, y las principales quejas los señalan de ser agresivos, de intimidar con sus armas y de cerrar las calles.
De acuerdo con Villamizar, las ciudades en donde más reclamos se han recibido son Bogotá y Cartagena.
Problemas para protección de dignatarios
Algunos de los anteriores mandatarios no han devuelto carros y equipos
Hasta este miércoles dio plazo Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, para que los salientes alcaldes, gobernadores, diputados y concejales entreguen los equipos de protección que se les habían otorgado. "Quienes no lo hagan serán demandados penalmente", dijo.
De acuerdo con él, por esta demora todavía hay mandatarios a los cuales no se les ha podido brindar la adecuada protección.
Explicó que aún están pendientes de la devolución de 143 carros blindados y alrededor de 3.500 celulares y 2.600 chalecos blindados.
Huila, Caquetá, Nariño, Arauca y Cauca son las zonas en las que hay más riesgo.
MINISTRA DE SALUD ASEGURA QUE A PACIENTES NO LES DIRÁN VUELVAN MAÑANA
Por: Yamid Amat
La ministra Beatriz Londoño dice que garantizará la asistencia rápida y sin colas.
Dice que todos queremos que el portero no nos tire la puerta y que los médicos nos miren a los ojos
Cuentas claras, humanización del servicio de salud, control a las EPS, ayuda y vigilancia a hospitales, asistencia rápida y sin colas, intercambio de información entre todos los sectores y atención preferencial para los niños. Ese es, en esencia, el derrotero de Beatriz Londoño como Ministra de Salud. Su prioridad: cuidar, atender, proteger los primeros mil días de los niños, desde el embarazo.
Médica de la Pontificia Bolivariana de Medellín, máster en Salud Pública de la Universidad de Harvard, la nueva ministra, revela sus metas:
¿Cómo está la situación de los hospitales?
Tenemos ejemplos formidables de buenos resultados, de buenos indicadores, de buena gestión y transparencia. Se han hecho avances, pero hay problemas, sobre todo en recuperación de cartera y en gestión. Buscaremos eficiencia, servicio, transparencia; salud sin calidad no satisface.
¿Por qué tantos ciudadanos están insatisfechos con el servicio de salud?
Porque hay excesivos trámites que son una barrera. Por ello, una de nuestras prioridades será hacerlo todo más simple; un primer paso es hacer realidad el decreto ley antitrámites. Yo la ejecutaré y la pondré en práctica.
¿Será que usted logra acabar con el sacrificio de las interminables colas?
El decreto antitrámites impone medios electrónicos como Internet y teléfono para pedir las citas; esto ayudará a solucionar esa situación, que es intolerable. Ahora bien, la falta de especialistas es un problema más complejo, pues la demanda es superior a la oferta. Trabajaremos con el Ministerio de Educación, con sociedades científicas y con universidades para fomentar especialistas.
¿Cuáles son concretamente las barreras que usted va a combatir?
Vamos a eliminar trámites como pedir documentos y certificados innecesarios. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá que ser más exigente. En los casos de medicina general, la atención no podrá pasar de tres días. Además, los ciudadanos no tienen por qué ir hasta la EPS a pedir la cita; podrán hacerlo por teléfono. Las EPS tienen que adaptarse, bajo rigurosa vigilancia.
¿La Superintendencia de Salud sí funciona bien?
Precisamente estamos revisando cómo se investiga, cómo avanzan los procesos, cómo se gestionan quejas, cómo se escucha a los ciudadanos, cómo se dan respuestas a sus necesidades. La Superintendencia está en un proceso de fortalecimiento, va a tener el doble de presupuesto que el año pasado, debe generar mejores sistemas de información, y va a desconcentrarse para llegar más a la gente y a los actores del sistema, y menos a la simple norma, que a veces, es lo que desespera a la gente.
La veo muy crítica del funcionamiento de la Superintendencia...
La Supersalud tenía muchas responsabilidades. El mismo Superintendente reconoce las dificultades de hoy y por eso es necesario fortalecerla. Según los lineamientos del propio Presidente de la República, las funciones de la Supersalud serán más de control de la calidad del servicio. El control financiero de las EPS, como aseguradoras, lo asumirá la Superintendencia Financiera.
Usted tiene un buen diagnóstico sobre lo que encontró: faltan gestión, controles, transparencia, información. Pero, ¿cuál es la fórmula curativa?
Hay grandes avances hechos por el ministro Mauricio Santa María sobre los cuales seguiremos trabajando y profundizando, como haber organizado más las finanzas del sector, haber hecho el giro directo de recursos a los hospitales, haber ampliado la cobertura y avanzar en la unificación del Plan Obligatorio de Salud. Es necesario fortalecer la gestión de los hospitales no solo en lo financiero, sino en lo técnico. Actualmente, el Ministerio cuenta con muchos datos, pero no con buena información que permita tener cuentas claras, precisas, sobre resultados en salud.
¿Eso qué significa?
Significa que nuestro reto es trabajar en cuatro aspectos: 1. fortalecer la prevención y promoción de la salud, reiterando la frase del Presidente: "es mejor prevenir que curar"; 2. mejorar la calidad en la atención, que incluye la humanización de los servicios y el componente técnico; 3. darles un mejor uso a los recursos existentes para que por cada peso invertido se genere más salud; 4. tener las cuentas claras para saber en qué se invierte y rendir cuentas a los ciudadanos. La frase de "vuelva mañana" que les dan a veces a los pacientes va a desaparecer. Me la voy a jugar toda para que tengamos en el sector mayor transparencia y mejores resultados.
¿Hasta dónde las EPS y los hospitales, y los presupuestos de salud, son "rapiña" de políticos?
Respeto profundamente el ejercicio de la política; lo que no es razonable bajo ninguna circunstancia es que instituciones terminen capturadas de manera inapropiada con la única finalidad de tener puestos, contratos y "repartición"...
¿Eso está ocurriendo?
Sí, por eso la Supersalud, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía han actuado, y la línea Santos es una: cero tolerancia con la corrupción.
¿Cuánto vale la salud en Colombia?
Cuarenta billones de pesos son todos los recursos del sistema, incluyendo los privados.
¿Y cuánto se roban o se pierde?
Creo que nadie tiene esa cifra. Que haya buena información y buenos controles es necesario, para cerrar oportunidades de mal uso de los recursos.
¿Qué hacer para que a un paciente lo atiendan con diligencia y respeto?
El paciente necesita trato humanizado y personal de salud idóneo, así como buena información y personal administrativo sensibilizado y bien capacitado. ¡No es tarea fácil! Pero en alianza con universidades, organizaciones de profesionales y muchos otros, trabajaremos para que la relación con los pacientes esté basada en estos principios básicos. Todos queremos que el portero no nos tire la puerta, el médico nos mire a los ojos, la enfermera nos dé buena información.
¿Usted está satisfecha con lo que hacen las EPS en Colombia?
No. Unas EPS tienen muy buen desempeño, pero la mayoría pueden mejorar considerablemente en gestionar el riesgo en salud, centrarse en la prevención y atender mejor a las personas.
¿Qué hará para quedar satisfecha con la gestión de las EPS?
Controlarlas y vigilarlas para que cumplan adecuadamente sus funciones como aseguradoras de la salud. Incentivaremos la gestión de las EPS que lo hagan bien.
En Colombia hay unas 80 EPS. ¿No es altísimo ese número?
Muy alto. El decreto de habilitación que se viene trabajando desde el año anterior está orientado a definir las condiciones y requisitos que todas deben cumplir.
¿Cuánto les debe el Estado a los hospitales y a las EPS?
La cartera sigue siendo muy elevada, pero con tendencia a disminuir especialmente en los hospitales de primer nivel. El giro directo ha aliviado parte de esto en forma creciente desde que se inició el año pasado. Este mes se giraron 227 mil millones de pesos, de los cuales 167 mil millones fueron a hospitales públicos. Ahora el reto es que los hospitales mejoren su gestión, tengan menores costos, crezcan en productividad y no solo en nómina.
¿Cuánta es hoy la deuda del Fosyga con EPS y hospitales?
Hay que conciliar las cifras entre lo que dicen las EPS e IPS y las cifras que tiene el Fosyga, dejando claro que no podemos pagar menos de lo que es, ¡pero tampoco más! Esto es: voy a luchar por tener las cuentas claras.
En general, ¿cómo está la calidad de la salud pública en Colombia?
Hay indicadores buenos y malos. Hemos enfrentado con éxito la ola invernal sin epidemias, a pesar de la difícil situación. Hay temas de salud pública intolerables como tener niños con sífilis congénita. Venimos trabajando en ello, pero será un intolerable absoluto. Es clave que las disparidades entre regiones en cuanto a mortalidad materna e infantil se reduzcan.
¿Por qué ocurre?
Un ejemplo es porque no se hacen los controles prenatales como corresponde y el seguimiento es fragmentado. Casi siempre son atenciones aisladas, sin integralidad.
A propósito de niños: como Secretaria de Salud en Bogotá, usted hizo un plan exitosísimo que se llamó "La ciudad de los niños". ¿Qué piensa hacer como Ministra por los pequeños desde su edad prenatal hasta su adolescencia?
El Ministerio de Salud tendrá como prioridad trabajar durante de los primeros 1.000 días de todo colombiano, desde el embarazo. En este tiempo se da el desarrollo esencial en lo físico, lo mental y lo social. Es cuando debemos hacer la mayor inversión. Y esa es, como usted sabe, una apuesta muy fuerte del presidente Santos, y que yo llevo en el alma por convicción, por la evidencia técnica disponible y porque estoy segura de que es la mejor manera de tener colombianos más saludables.
Usted es la primera ministra de Salud, después de que se restableció esa cartera. ¿Por qué cree usted que era necesario volver a crearla?
La rectoría del sistema pasa por tener la salud de la gente como prioridad política, técnica y social, lo cual se logra mejor con una entidad dedicada exclusivamente a ello.
Al frente de una gestión se elaboran políticas de largo, mediano y corto plazo. ¿Cuáles serán para usted unas y otras?
De largo plazo: mejoría en los resultados de salud y optimización de costos; mediano plazo: volvería sobre lo esencial, la salud pública, enfatizando un abordaje preventivo más que curativo, con redes de servicios articuladas y orientadas a la calidad en el servicio; corto plazo: daría mayor información a los ciudadanos sobre sus derechos, y las cuentas claras serían un elemento esencial del sector.
¿Usted quiere que la recuerden como la ministra que hizo, qué?
¡La ministra que centró su gestión en atender y mejorar la salud de los niños!
¿Qué caracterizará su gestión?
Trabajo en equipo con todos los sectores por la salud; centrarnos en la prevención; calidad humana y técnica; comunicación e información; transparencia y cuentas claras; trato digno y respetuoso; mejoría en los niveles de eficiencia. ¡Los recursos son un medio, no un fin!
EDITORIAL: DE 'ROSCAS' Y PENSIONES
En un país donde la pensión es un lujo de unos pocos, triplicar el monto de ese privilegio por trabajar unos meses causa tanto indignación como rechazo. Esa es la conclusión más protuberante de la investigación de la Contraloría General de la Nación sobre 70 nombramientos en el Consejo Superior de la Judicatura.
El ente de vigilancia encontró hallazgos suficientes para abrir juicio fiscal a 21 magistrados y ex magistrados de ese alto tribunal por tales designaciones, que le habrían costado al erario nacional unos 13.000 millones de pesos. El funcionamiento de este 'carrusel' confirmaría las viejas acusaciones de 'roscas' clientelistas en la cúpula del poder judicial.
Miembros de esa corte habrían nombrado a personas en cargos de magistratura para que, abusando de un decreto que data de 1971, alcanzaran una jubilación con su último salario. Los beneficiados habrían trabajado cortos períodos para así multiplicar varias veces sus mesadas pensionales. Habrían recibido hasta pagos retroactivos.
Lo que más impacta es el descaro y la recurrencia de la práctica. De acuerdo con la Contraloría, la magistrada Julia Emma Garzón nombró a 16 personas, mientras sus colegas Henry Villarraga y Ovidio Claros, ocho y seis, respectivamente. En el Consejo Superior de Judicatura se montó abiertamente un 'régimen especial' de pensiones.
Sin olvidar que los investigados gozan del derecho de controvertir estas acusaciones, los hechos encontrados son escandalosos, pero no sorprenden a nadie. La Judicatura ha estado por años en medio de señalamientos de clientelismo y favores políticos. El valiente aporte de la Contraloría está en la apertura formal de un juicio fiscal por los multimillonarios ajustes que esos contratos a dedo habrían generado. Más que rumores de pasillo o artículos de los medios de comunicación, existe hoy un proceso con nombres, fechas y montos, y los involucrados deben responder.
El destape de este 'carrusel' de la Judicatura ratifica asimismo la necesidad de ponerles orden a las jubilaciones del poder judicial. El anuncio de la contralora Sandra Morelli sobre la revisión de centenares de millonarias pensiones de los jueces, y también de las del Congreso de la República, merece el completo respaldo de la opinión pública.
¡Qué paradoja que los encargados de impartir justicia y cuyo símbolo es la balanza se aprovechen de una oscura norma para devengar varias veces más que lo que sumaron sus aportes! Con el país abocado a discutir una nueva reforma pensional, que golpeará los bolsillos y las condiciones de los asalariados, la tolerancia hacia estos escándalos debe ser de cero.
Son precisamente esos privilegios, tratamientos especiales y gabelas injustificadas los que convierten a estos magistrados, jueces, congresistas y demás beneficiados en una verdadera 'oligarquía' de retirados del sector público, que se chupan buena parte del presupuesto nacional con sus gordas mesadas.
La investigación de la Contraloría enfatiza aún más la necesidad de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura en la reforma de la Justicia, que hace trámite en el Congreso. Es momento para que el Gobierno recupere su postura inicial de acabar con ese tribunal que, además de haber fallado en su misión, es una fuente de desangre de recursos. Un texto que mantenga una instancia tan polémica y costosa constituiría una oportunidad perdida para arreglar los desbarajustes de la rama judicial.
La contralora Morelli no tiene una tarea fácil al desnudar estos 'carruseles'. Mas no debe renunciar al propósito de saber la verdad sobre las 'roscas' enquistadas en esos tribunales y sus favoritismos.
LOS JUZGADOS AGRARIOS
Por:Cristian Valencia
Porque los campesinos de Colombia son nuestro patrimonio humano más sagrado. Sagrado como la tierra y las fuentes hídricas.
Las tierras que se devolverán a los campesinos hay que blindarlas.
Antiguamente, en las zonas de influencia guerrillera, si los campesinos tenían problemas entre ellos iban a donde el comandante que les tocara y la cosa se solucionaba de inmediato. Bien fuera un problema de cercas, un problema de agua, un problema de servidumbres, se solucionaba. Si los mismos campesinos tuvieran el mismo problema y quisieran dirimir su lío en nuestra justicia: por un lado, difícilmente eran atendidos; por otro, cuando los atendían comenzaba un proceso de papeles y abogados, interminable, en donde pasarían los años sin que el lío de cercas, o agua o servidumbres, tuviera un fallo.
Y las cosas eran así en nuestra justicia, y lo son aún, porque jamás se han creado juzgados agrarios, tribunales agrarios, porque todo pasa por el tamiz de los civiles, y por ahí, definitivamente, no es la cosa. En 1989 se promulgó un decreto pomposo, como todos nuestros decretos y leyes, en donde se creaban 23 salas agrarias en los tribunales de Distrito judicial, que operarían en cada una de las capitales; y creaba, además, 115 juzgados agrarios.
Pues bien, sólo se crearon dos salas de las 23 que ordenaba el decreto; y dos juzgados de los 115 proyectados. Y tanto las salas como los juzgados desaparecieron en 1996.
Si aquellos juzgados agrarios, esas salas, hubieran sido una realidad, a lo mejor los campesinos hubieran solucionado sus líos en nuestra justicia; y a lo mejor no los hubieran despojado de sus tierras. Porque, justamente, a partir de 1989 se recrudecería el desplazamiento forzado en todo el territorio nacional, fenómeno que no pararía durante más de 20 años: 4 millones de desplazados, de desterrados, es el balance más discreto de ese período.
Traigo todo este historial fallido a colación porque las tierras que se devolverán a los campesinos hay que blindarlas. Los 140 juzgados agrarios proyectados por este gobierno deberán ser una realidad inmediata, para que no ocurra lo mismo de 1989. Y una vez creados, el Estado central tendría que tener un canal de comunicación directo con cada uno de esos jueces, porque los problemas que se les viene no son de fácil resolución: el 53% de las tierras no tiene título de propiedad; el 100% de las tierras no está georreferenciado, toda la tierra es rica en algún recurso natural -el gran capital del siglo XXI- y, de contera, hay demasiadas fuerzas armadas y económicas interesadas en la tenencia de esas tierras.
En el año 96 hubo un intento de georreferenciar los predios rurales, que fue archivado antes de llegar a proyecto de ley, y sólo los gobernantes de entonces sabrán los motivos. Georreferenciar es de vital importancia: que los límites no sean tan difusos como una mata de cabuya, un mandarino o un caño; sino que tengan latitud y longitud específicas, inalterables. Ignoro también cómo podrán blindar esas tierras retornadas a los campesinos de los enormes capitales privados interesados en ellas. Una opción, por mamerta que parezca, sería la titulación sin derecho a la venta, es decir, que las tierras se hereden; pero no soy jurista y supongo que habrá mejores alternativas.
De la entrada en vigencia de los tribunales agrarios, del fortalecimiento de esa hermosa figura, dependerá sin duda la paz de Colombia: la garantía de no repetición de masacres con el fin de apropiarse de la tierra. Porque los campesinos de Colombia son nuestro patrimonio humano más sagrado. Sagrado como la tierra y las fuentes hídricas.
Los dejo con esta imagen: cerca de Nueva Colombia, un barrio pobre de Barranquilla, el señor R., de 75, desplazado de los Montes de María, después de conversar un rato quiso mostrarme, muy orgulloso, su diminuta huerta de un metro cuadrado. No había un milímetro que no fuera verde. Y todo crecía desde una tierra amarilla y seca.
¿Se imagina esto con tierra? -me dijo-, y él mismo se respondió: "el paraíso".
EL ESPECTADOR
REFORMA PENSIONAL SÓLO SERÁ LLEVADA AL CONGRESO EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2012
El ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, prefirió no referirse a la propuesta de aumentar la edad de jubilación.
El Gobierno Nacional de momento prefiere no hablar del aumento de la edad de jubilación de los colombianos. Aunque Anif planteó la posibilidad de que las mujeres sólo se puedan pensionar a los 62 años y los hombres a los 65 años, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, prefirió no referirse a esa iniciativa en específico.
En diálogo con Caracol Radio, señaló que “nosotros vamos a trabajar con la comisión que tiene el Gobierno para ese tema que es con el ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y con el ministerio de Salud”.
La idea del ministro es que a mediados de este año se consolide la propuesta de Reforma Pensional y sea llevada al Congreso de la República.
En el mismo sentido, de momento se va a trabajar en la estructuración de un mecanismo de protección a la vejez que esté basada en lo que definió el acto legislativo de 2005 sobre pensiones.
Esa reforma constitucional habla de beneficios periódicos en pensiones para cubrir personas que ganen menos del salario mínimo que no tienen como cotizar a pensión. En ese sentido, se estructuraría un mecanismo de ahorro con subsidio para que puedan tener pensión en la vejez.
Inicialmente, en el Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno incluyó un artículo para elevar la edad de pensión a 60 mujeres y 62 los hombres. Sin embargo, esa idea fue desmontada por presión de los trabajadores.
La propuesta de 2011 de Anif
Desde octubre de 2011, Anif había señalado la necesidad de adelantar un competo ‘revolcón’ al sistema pensional. Advirtió que si el Gobierno no pone en marcha esta iniciativa aumentando la edad de jubilación (62 años para las mujeres y 65 para los hombres), marchitando el régimen de prima media (Seguro Social) e incrementando el número de semanas cotizadas, el país podría entrar en un colapso similar al que vivió Europa en materia de pensiones.
Dice ANIF que si se hace una “reforma pensional comprensiva”, el gasto de pensiones para el Gobierno colombiano se ubicaría en niveles del 3,8% del PIB para 2015, dentro de la proyección de un escenario optimista. Para el mismo año, un estimativo pesimista es utilizar 4,4% del PIB para este fin.
“A pesar de estos campanazos de alerta, el Gobierno aún no parece darse por aludido”, dice un aparte del informe del organismo que también advierte sobre el aumento de los pagos del Gobierno al régimen de prima media (RPM) en los últimos diez años (que pasaron de 1% a 4% del Producto Interno Bruto).
ECOS DEL ESCÁNDALO DEL CARRUSEL DE PENSIONES EN LA JUDICATURA
Comienzan a escucharse voces en el Congreso que piden revivir en el trámite en segunda vuelta de la reforma a la justicia la propuesta de eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Senado y Cámara tienen opiniones encontradas.
Por 70 nombramientos que le han costado al país más de $13 mil millones vuelve a estar en la picota pública el Consejo Superior de la Judicatura.
Uno de los puntos que ha causado más polémica en el trámite de la reforma a la justicia ha sido el de la eliminación o no del Consejo Superior de la Judicatura. Esa era la propuesta inicial del Gobierno, pero a lo largo del trámite en primera vuelta en el Congreso, en medio de las negociaciones políticas, se cambió por una reforma que implica mantener la Sala Disciplinaria y la creación de una Sala de Gobierno, que reemplace la Administrativa, en la que habrá un gerente de la Rama y en la que el Ejecutivo tendrá voz, aunque no voto.
Hoy, el escándalo sobre un supuesto carrusel de pensiones en la Judicatura que llevó a la Contraloría General a abrir un juicio fiscal a 21 magistrados y exmagistrados de ese alto tribunal, por 70 nombramientos que le han costado al país más de $13 mil millones en reajustes pensionales injustificados, pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la supresión de dicho tribunal, idea que, según algunos congresistas, podría ser retomada a partir de marzo, cuando la reforma a la justicia inicie la segunda y definitiva vuelta en el Legislativo.
Al menos es lo que se puede percibir tras las reacciones por parte de los miembros del Gobierno, involucrados en la discusión. Para el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, resulta “inaceptable” que en un país donde muchos ciudadanos carecen de una pensión, haya decenas de personas del Consejo Superior de la Judicatura que, en tiempo récord, avanzaron en el ajuste de sus pensiones por medio de decisiones jurisprudenciales.
“Es urgente establecer quiénes son los responsables de este carrusel para no comprometer el nombre de todos los magistrados (…) es muy grave que quienes deben administrar justicia utilicen un sistema para defraudar al Estado. Es inconcebible que se haya utilizado la figura de nombramientos discrecionales de algunos magistrados para que personas, por dos meses, hayan reajustado sus pensiones. Ese es un derecho que hoy ningún colombiano lo tiene”, enfatizó Vargas Lleras.
Ante las voces que han vuelto a pedir nuevamente el cierre del alto tribunal, frente al escándalo de las pensiones, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, sostuvo que será el Congreso el encargado de definir esa situación: “Mi posición es la que tenía el Gobierno al comienzo: yo pienso que el Consejo de la Judicatura ha resultado, lo digo con todo respeto, inferior a las expectativas, inferior a lo que se creyó y a lo que se concibió en la Asamblea Nacional Constituyente”, dijo.
Y agregó: “El tema está en manos del Congreso. Esperemos a que se reabran una vez más las sesiones, el 16 de marzo. Vamos a ver qué impacto tienen estos episodios de la investigación que se desarrolle y qué sale de ahí”.
En este sentido, Esguerra insistió en la necesidad de que todos los episodios se conozcan en profundidad y, si tienen alguna explicación, que sea suficiente y sustentada: “Que esa explicación salga a la opinión pública porque la verdad es que el país está pendiente de alguna respuesta que sea seria porque las apariencias, los síntomas que hay detrás, son ciertamente muy preocupantes”.
Precisamente desde el mismo Consejo Superior de la Judicatura se conoció esta tarde un comunicado en el que se rechaza las acusaciones hechas y se explica que los nombramientos fueron legales. “Todas las actuaciones (...) fueron hechas conforme con el ordenamiento jurídico y no hemos desconocido ninguna norma de ética pública, fiscal o penal. El 90% de las personas que son relacionadas por los medios de comunicación, como parte de un documento de la Contraloría General de la Nación, no tienen la edad para adquirir una pensión de jubilación y como consecuencia de ello, no se han pensionado luego de ejercer algún cargo en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”, dice el comunicado.
Por los lados del Congreso, el representante Germán Navas, del Polo Democrático, y uno de los ponentes de la reforma a la justicia, se mostró en desacuerdo con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, aclarando que lo que se debe hacer es fortalecer los mecanismos de control para evitar que se repitan casos como el del llamado carrusel de las pensiones.
“Las cosas no se deben eliminar por el comportamiento de sus miembros. Hay que modificarlo en su estructura y en su formación, pero no acabarlo con el pretexto que se presentó esta situación”, agregó Navas.
Sin embargo, esa no es la idea que tienen en el Senado, donde ya se escuchan voces pidiendo revivir la discusión de la supresión de la Judicatura o, al menos, replantear la idea de mantener la Sala Disciplinaria y crear una de Gobierno. Según el senador Jorge Londoño, del Partido Verde, no se puede decir que el organismo no haya cumplido, pues en su existencia ha demostrado algunos hechos muy importantes en la administración de la carrera judicial. Pero ante los escándalos, toca replantear: “Debe mirarse bien para que el remedio no resulte peor que la enfermedad”, declaró.
A su vez, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya, coordinador de ponentes de la reforma, calificó como “preocupantes” las denuncias de la Contraloría y habló de la necesidad de buscar otras opciones de cara al futuro del cuestionado tribunal. “La Sala de Gobierno que se piensa crear debería ser un poco más reducida, conformada sólo por los presidentes de las altas cortes de la justicia”, enfatizó.
Sea como sea, con explicaciones o no, el Consejo Superior de la Judicatura está nuevamente en el ojo del huracán. Alrededor se mueven una serie de intereses políticos que nadie se atreve a reconocer. El Congreso tiene en sus manos la posibilidad de revivir o no la discusión sobre su eliminación.
CARRUSEL DE PENSIONES
EN CÁMARA NO AVANZA INVESTIGACIÓN SOBRE 'CARRUSEL DE PENSIONES' DE JUSTICIA
Aunque el presidente de la Comisión de Acusaciones, Germán Blanco, dijo que el proceso estaría estancado; el instructor, Héctor Vergara, aseguró que se practican pruebas.
Aunque desde el año pasado se abrió una investigación de oficio en la comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por el presunto ‘carrusel de pensiones’ en el Consejo Superior de la Judicatura, todo indica que el proceso estaría estancado.
Ante el anuncio de la Contraloría General de la República de abrir un juicio fiscal en contra de 22 magistrados de esa Alta Corte, Elespectador.com intentó establecer en qué va el proceso en el Congreso.
Al ser consultado el presidente de la comisión, Germán Blanco Álvarez, primero dijo que el año pasado con fundamento en la información de la prensa se inició de oficio la respectiva instrucción sobre el posible ‘carrusel de pensiones’.
En ese entonces, siendo el presidente de la comisión, Héctor Javier Vergara, “se auto-adjudicó el proceso y no hubo un reparto público del mismo”.
Frente al desarrollo de la investigación, Blanco dijo que al interior de la comisión no se conoce de alguna diligencia que se haya adelantado al respecto.
“Ninguno de los congresistas de la comisión conocemos que se haya hecho alguna diligencia en ese proceso pero la respuesta definitiva la tendrá que dar el representante investigador porque lógicamente también existe la reserva del sumario y el investigador es autónomo en su instrucción del proceso”, señaló.
En respuesta a lo dicho por Blanco, Vergara le dijo a Elespectador.com que “el proceso no está estancado y se están practicando las pruebas”.
“Ese proceso va avanzado y al interior de la comisión ha sufrido varios cambios (…) el proceso no es de oficio porque hubo tres denuncias y éstas fueron acumuladas en un solo expediente”, señaló.
Cuando respondió por qué se “auto-adjudicó” el caso, Vergara indicó que “yo no me auto-adjudiqué el proceso porque quien maneja el reparto de éstos es el secretario de la comisión”.
El coordinador de la investigación del ‘carrusel de pensiones’ es Vergara acompañado por Jorge Gómez Villamizar y Manuel Carebilla Cuéllar.
De otro lado, se conoció que la Cámara ofició a la Contraloría para que le permita acceder a toda la información sobre el ‘carrusel de pensiones’.
El secretario de la comisión, Gonzalo Pinzón Pinzón, pidió que sea remitida a la comisión “todos y cada uno de los procesos que cursan” en el despacho de la contralora Sandra Morelli.
“A esta comisión le comete, en virtud del mandato constitucional, conocer de todas las investigaciones que cursen en contra de los referidos funcionarios”, sostuvo.
El escándalo de la Judicatura
El jueves en la noche, La Contraloría General de la República abrió juicio de responsabilidad fiscal a los magistrados por el posible detrimento patrimonial de 13 mil millones de pesos por el llamado ‘carrusel de las pensiones’.
Según el ente de control, los altos funcionarios nombraron magistrados auxiliares por periodos de dos a tres meses para aumentarles sus pensiones de jubilación, la Contraloría intentará establecer por qué a varios de los pensionados, quienes recibían 4 millones se les aumentó el pago a 13 millones de pesos.
Además, llama la atención los pagos retroactivos que se efectuaron y los casos en los que los magistrados designados, quienes llevaban pocos días de labor recibieron pensiones demasiado altas.
ABOGACÍA DEL ESTADO
Por: Juan Carlos Gómez
El Estado colombiano a lo largo de los años ha sido víctima de pleitos arreglados que lo han ido arruinando. Defensas débiles, jueces y funcionarios —torpes o venales—, se confabulan para que el Estado pierda los procesos judiciales.
Según cuentas oficiales, el pasivo contingente en contra de las finanzas públicas rondaría los 500 billones de pesos. La suma puede llegar a un monto entre el 12 % y el 17 % del producto interno bruto (PIB) anual. Sería impagable.
La Ley 1444 de 2011 —la misma que reordenó los ministerios— creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación con el fin de proteger los intereses litigiosos de la Nación y evitar que las mafias de litigantes sigan desangrando el patrimonio público.
La reciente designación de Fernando Carrillo como director de esa nueva entidad es una evidencia de la trascendencia que tiene el asunto para el gobierno del presidente Santos. Carrillo, jurista serio y profundo, exministro de Justicia y funcionario exitoso del BID, tiene a su cargo una tarea quijotesca.
No se trata simplemente de evitar nuevas condenas, sino de crear una cultura de responsabilidad en la administración pública frente a los juicios que afronta. Es tan dañina la dejadez como la defensa obcecada.
La justa cruzada para proteger el patrimonio de la Nación no puede llegar al extremo de soslayar que el Estado colombiano padece la lamentable realidad de que sus funcionarios, por acción o por omisión, generan daños inmensos a los particulares. A pesar de que el ordenamiento jurídico prevé que esos funcionarios tienen que responder con su patrimonio, el Gobierno estima que en menos del 2% de los casos de condenas a la Nación se ha ejercido la acción de repetición en contra de los funcionarios responsables.
Desafortunadamente, la misma legislación propicia que no pueda develarse en un juicio, mediante interrogatorio de parte, la torpeza o venalidad de los funcionarios públicos. El artículo 199 del Código de Procedimiento Civil excusa la declaración de los representantes de las entidades públicas y permite que se agazapen en un informe escrito que es casi imposible de ser rebatido por la contraparte. Se necesita una urgente reforma legal al respecto.
EL NUEVO SIGLO
REFORMA PENSIONAL O AMPLIACIÓN DE NEGOCIOS AL CAPITAL FINANCIERO?
Por Helena Villamizar García-Herreros
Transcurridas ya casi dos décadas de la privatización parcial de las pensiones es inocultable que ésta no brindó soluciones a la seguridad social
Ante el intento de George Bush de privatizar parcialmente las pensiones, Joseph Stiglitz afirmó que no se necesita ser premio Nobel para darse cuenta de que “la privatización no protegería a los jubilados de la insolvencia del sistema de seguridad social; solamente aumentaría el enorme déficit fiscal actual, porque las privatizaciones parciales requieren que se destine dinero que se habría utilizado para cerrar la brecha entre los gastos y los ingresos gubernamentales hacia fondos privados”.
Naturalmente si al régimen público se le restan afiliados, es decir ingresos, mientras se queda con los gastos y especialmente con aquellos afiliados que ya están devengando sus pensiones, las perspectivas del sistema público no pueden ser boyantes.
“Los Estados Unidos y el mundo tienen que recordar que la privatización del sistema de pensiones argentino estuvo en el centro de sus recientes desdichas fiscales” afirmó el Nobel.
En Colombia, igualmente, con la implantación del sistema mixto de pensiones el déficit público lejos de reducirse se amplió. Las causas por supuesto son múltiples, pero lo cierto es que en 1990 el déficit del sector público no financiero ascendía al 0,59 del PIB y, en 2010 y 2011 según El Marco Fiscal de mediano Plazo 2011 a 3,2% y 3,5% del PIB respectivamente incluyendo la emergencia fiscal en el último año. Por su parte la deuda pública interna y externa del gobierno nacional que en 1993 representaba el 14,6% del PIB, en 2000 ya había alcanzado el 36% del PIB y en septiembre de 2011 representaba el 35,6% (1).
La realidad derrumbó el mito de que los fondos de pensiones privados disminuirían el déficit público; de hecho la rentabilidad de dichos fondos se alimenta del déficit pues cerca del 50% de su portafolio está representado en deuda pública. Por lo demás cada punto de aumento de intereses de la deuda pública, como lo demostró Javier Fernández, tuvo gran impacto en el desequilibrio fiscal.
Estas verdades, sin embargo, han sido convenientemente ocultadas y, por el contrario, como señaló Edmundo López Gómez, “en Colombia se ha puesto en marcha una operación envolvente por parte de dichos grupos para apoderarse del ahorro de los 'pensionistas' (así los llaman los españoles) del sector público”. (“Zarpazo contra las pensiones”, El Nuevo Siglo 20/1/2012).
En efecto el presidente del gremio Asofondos declaró “Régimen público es inviable” (El Tiempo (14/1/2012). Es además muy sugestivo que “Los pronunciamientos de Santos y Santa María [sobre un urgente revolcón en las pensiones] se produjeron en la presentación del Informe Nacional de Competitividad 2011-2012, del Consejo Privado de Competitividad (CPC), en el que se propone marchitar el régimen de prima media (como el que administra el Seguro Social), para lo cual se debe frenar de inmediato la entrada de nuevos afiliados y prohibir nuevos traslados” (El Tiempo 4/11/2011 las cursivas son mías). En realidad como reconoce dicho Informe este empeño de acabar con el régimen público de pensiones no es novedoso; existió desde la concepción de la ley 100. De hecho en el pasado se había avanzado en esta tarea de impedir nuevas afiliaciones, bajo el disfraz de sanción al ISS, cuyo real objetivo era acabar el régimen público de pensiones.
Transcurridas ya casi dos décadas de la privatización parcial de las pensiones es inocultable que ésta no brindó soluciones a la seguridad social; engrosó sí el patrimonio de los propietarios de fondos de pensiones y cesantías AFP, los cuales manejan enormes porciones del ahorro obligatorio de los colombianos sin que su gestión siquiera represente seguridad para sus afiliados. Un informe del Emisor lo reconoce “Pensiones, las más expuestas a turbulencia internacional” (El Tiempo octubre 8 de 2011). Ya en 1999 Stiglitz y Peter Orszag cuestionaban diez grandes mitos alrededor de dichas privatizaciones, entre ellos que elevan el ahorro nacional o que generan mayores tasas de retorno, siendo estas posiciones críticas, según se dice, causantes del retiro de Stiglitz del Banco Mundial. La realidad le dio la razón al Nobel y los argumentos privatizadores de las pensiones de dicha institución hoy son insostenibles
La tarea de desinformación para acabar con el régimen público es sorprendente. Se dice por ejemplo que la crisis europea es debida al generoso régimen de pensiones. Se oculta deliberadamente el papel que jugó el capital financiero y su desregulación en la debacle europea, así como los cambios en las políticas bajo el paradigma neoliberal. Maurice Allais, Nobel de economía 1988, en su “Carta a los franceses” ha señalado el cinismo en el ocultamiento de las verdaderas causas de la crisis europea.
Que el régimen de pensiones requiere reformas es claro; entre ellas la eliminación de ciertos absurdos privilegios de la rama judicial. Pero la solución no está en sepultar el régimen de prima media, ampliando así el negocio a las AFP y al gran capital financiero internacional, como al parecer es la vía escogida por el gobierno Santos, quien ha dado pruebas de continuidad en las prioridades distributivas de su antecesor. Entre ellas la firma del TLC, cuyo engaño a los colombianos también en el caso de pensiones fue evidente. En efecto El “ABC del Tratado de Libre Comercio” sin ningún recato afirma: “se preservó la facultad de las autoridades económicas para el diseño y regulación del sistema de seguridad social” (https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=637), cuando en realidad el Anexo 12.15 E lo que otorga es garantías a dichos fondos estadounidenses. Por consiguiente la reforma del régimen de pensiones está subordinada a los exorbitantes privilegios otorgados a dichos fondos, impidiendo regulaciones elementales para dicho sector y verdaderas soluciones en favor de los intereses de los colombianos.
REFORMA PENSIONAL, EN CONGRESO DESDE SEGUNDO SEMESTRE
Lo afirmó de esta manera el ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, diciendo además que prefería no hablar el polémico tema del aumento de la edad de jubilación de los colombianos.
Dice el Gobierno Nacional que por el momento prefiere evadir el tema del aumento de la edad para que los colombianos se jubilen, pese a que la Anif había planteado la posibilidad de que las mujeres solamente puedan pensionarse a los 62 años y los hombres a los 65.
Señaló el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, que “nosotros vamos a trabajar con la comisión que tiene el Gobierno para ese tema que es con el ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y con el ministerio de Salud”.
Es la idea del jefe de la cartera del trabajo que a mitad de este año esté lista la propuesta Reforma Pensional y que ésta sea llevada al Congreso de la República. Se va a trabajar por el momento en la estructuración de un mecanismo de protección a la vejez que esté basado en lo que fue definido en el acto legislativo de 2005 sobre el tema de pensiones.
Habla esa reforma constitucional de beneficios periódicos en materia de pensiones para cubrir a las personas que ganen menos del salario mínimo y no tiene forma de cotizar pensión. Se establecería en este sentido un mecanismo de ahorro con subsidio para que dichas personas puedan tener acceso a la pensión en la vejez.
Se había incluido inicialmente en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno un artículo que elevaba la edad de pensión a 60 años a las mujeres y a 62 los hombres, pero ésta fue desmontada gracias a la presión de los trabajadores.
HUBO ALIANZA DE FUNCIONAROS Y PARAS CONTRA CORTE: MURILLO
Altos funcionarios del anterior Gobierno se asociaron con paramilitares para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia, le dijo a un fiscal el extraditado jefe irregular Diego Fernando Murillo, alias don Berna, según reveló Daniel Coronell en su más reciente columna de opinión en la revista Semana.
Según Coronell, Murillo afirmó que el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, estaba enterado del plan en contra de los funcionarios de la Corte.
De acuerdo con la columna de Coronell, se realizaron varias reuniones con el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, y la entonces directora del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, a las que acudieron el abogado Diego Álvarez, apoderado de Murillo, y el desmovilizado Antonio López, alias Job.
Murillo habría declarado que su abogado observó cómo Del Castillo llamó a Moreno para consultarle decisiones de ejecución del plan y que una estas visitas se llevó a cabo en la casa del exgobernador y exembajador Juan José Chaux.
Según Coronell, el jefe paramilitar extraditado a Estados Unidos también habló de las chuzadas y seguimientos del DAS contra magistrados y periodistas.
Los capitanes Fernando Tabares y Jorge Alberto Lagos, jefes de inteligencia y contrainteligencia del DAS, se habrían reunido con jefes paramilitares en el 2005 para ofrecerles protección y ayuda, habría dicho Murillo según la versión de Coronell.
Desacreditar a la Corte para que sus investigaciones perdieran contundencia habría sido el objetivo del tinglado urdido por las personas que habrían sido mencionadas por Murillo.
En su publicación de esta semana, Coronell también asegura que el paramilitar Murillo habría dicho que ayudó al DAS a seguir a un irregular conocido como Francisco Villalba que había vinculado a Álvaro Uribe con la masacre de El Aro en 1997.
ANOMALÍAS EN TIERRAS ENTREGADAS A DESPLAZADOS
Serias irregularidades se han encontrado en el manejo de 1.600 hectáreas de tierras que fueron entregadas a 195 familias desplazadas y desmovilizadas de las AUC.
Según informaciones, son varias las anomalías halladas en la parte administrativa de estas tierras y una problemática de inundación en los predios.
José Manuel Zabala, jefe de Control Interno del Incoder, dijo que no se les va a retirar los predios a estas personas, pero si van a haber sanciones por irregularidades en manejo de las haciendas. 90 días es el plazo que da el instituto para que se corrijan todas las dificultades.
SENADO ARRANCARÁ DEBATE CON LA IDEA DE MANTENER CONSEJO DE LA JUDICATURA
A pesar del receso legislativo se calentó nuevamente el debate sobre la permanencia o no del Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, la Comisión Primera de Senado retomará el debate en marzo desde el punto en que quedó en Cámara, es decir solo con la eliminación de la sala administrativa de este Tribunal, en el marco del trámite de la reforma a la justicia.
El viernes anterior se levantó un nuevo manto de duda sobre el Consejo Superior de la Judicatura a raíz de un supuesto carrusel de pensiones al interior de este organismo y la investigación que adelanta la Contraloría General de la República a 21 magistrados y ex magistrados por 70 nombramientos, que le costarían al erario público cerca de 13 mil millones de pesos en reajustes pensionales injustificados.
Por medio de un comunicado el Consejo Superior de la Judicatura aseguró que “todas las actuaciones (...) fueron hechas conforme con el ordenamiento jurídico y no hemos desconocido ninguna norma de ética pública, fiscal o penal”.
Sin embargo el ministro del Interior, Germán Vargas, dijo que “puede que el marco legal excepcional para las pensiones de los altos magistrados de las Cortes permita que una persona, que dura solo dos meses en su cargo -como lo denunció la Contralora- reajuste su pensión, pero no todo lo legal es ético. Es inaceptable e inconcebible proceder a utilizar la figura de los magistrados auxiliares para convertir esto en un carrusel de pensiones”.
Un par de semanas antes los presidentes de la sala disciplinaria y administrativa del Consejo Superior sostuvieron un público enfrentamiento que no dejó nada bien parado al Alto Tribunal.
El presidente de la Sala Disciplinaria, Henry Villarraga, dijo que la Sala Administrativa contrató con empresas cuestionadas por la Contraloría la remodelación de varios palacios de justicia en diferentes regiones del país, además que hizo millonarias adiciones a 20 contratos en la última semana de diciembre pasado.
A lo que el presidente de la Sala Administrativa, Néstor Correa, replicó que no hubo irregularidades en la contratación y que las acusaciones de Villarraga podrían ser porque “nos solicitó en diciembre la creación de 1.006 cargos de descongestión, cuyo costo asciende a $150 mil millones anuales, lo cual es tan absurdo como desproporcionado”.
LA SUPRESIÓN
El objetivo del Gobierno nacional era eliminar de tajo el Consejo Superior de la Judicatura ante las denuncias sobre algunos actos de corrupción y politiquería.
Esa intención la consignó el Gobierno en el proyecto de reforma a la justicia que presentó a consideración del Congreso el año anterior, en el cual se suprimía el Consejo Superior de la Judicatura, el cual le daría paso al Consejo Superior Judicial, que se compondría de una Sala de Gobierno y una Gerencia de la Rama Judicial.
Sin embargo la Comisión Primera de Senado en el primer debate al proyecto de reforma a la justicia dejó con vida al Consejo Superior de la Judicatura.
Posteriormente, en tercer debate, la Comisión Primera de Cámara decidió ‘meterle mano’ al Consejo Superior de la Judicatura al eliminar la sala administrativa, encargada de administrar la rama judicial, y crear una sala de gobierno, que definiría las políticas de la administración de justicia y estaría integrada por 10 miembros, incluidos los presidentes de las altas cortes y delegados de los magistrados y jueces y de los empleados judiciales.
En cuarto debate la plenaria de Cámara avaló la creación de la sala de gobierno y la eliminación de la sala administrativa, lo cual también fue ratificado en la conciliación del proyecto de reforma a la justicia en Senado y Cámara en primera vuelta.
Sin embargo tras las denuncias el viernes pasado del supuesto cartel de las pensiones se revivió la idea de eliminar de tajo el Consejo Superior de la Judicatura.
En ese sentido el representante Alfonso Prada (Partido Verde), integrante de la Comisión Primera, dijo que “le pedimos a la Contralora que acelere rápidamente esas investigaciones para que entremos ahora en marzo a debatir sobre la vigencia o no del Consejo Superior, podamos tener un informe muy claro de qué es lo que está ocurriendo en esa entidad, eso es un llamado a un debate de verdad, de si debemos mantener nuestras instituciones. Hay que hacer una revisión profunda, tranquila y con mucha sensatez en compañía del Gobierno en relación con mantener o no esta entidad”.
En tanto que la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero, señalo que “hay que hacer algo porque son muchas las quejas, tenemos muchas evidencias que tanto el órgano disciplinario como el órgano de administración, que en conjunto es el órgano de gobierno de la rama, no funciona.
Sin embargo agregó que el país no va a dar el paso de suprimir el Consejo Superior de la Judicatura, “eso es echar un paso para atrás, eso ya llevamos 20 años aplicando lo del autogobierno. Lo que pasa es que hay que mejorarlo. Entonces, para mí no hay una supresión real de la sala administrativa sino que hay un cambio por otra cosa muy parecida, que en mi opinión tiene algunos problemas que vale la pena analizar, por ejemplo, si los presidentes de las altas Cortes tienen tiempo y si es conveniente para el gobierno judicial tener la mayoría de sus miembros por un año no más. Eso hace que no haya planificación a largo plazo”.
REVISTA SEMANA
¿CUÁNTOS SON LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA?
Aunque hasta ahora, 26 años después de los hechos, se ha hablado de once desaparecidos, el testimonio de un exfuncionario de Palacio, testigo de los hechos, daría cuenta de uno más, un guerrillero al que apodaban ‘El Negro’.
los testigos de la toma y retoma del Palacio de Justicia asegura que no se había atrevido a hablar de 'el Negro". Un guerrillero, que dice haber visto, en el segundo piso de la Casa del Florero el 7 de noviembre de 1985, y que según su testimonio, conocido hace apenas unos días, daría cuenta de otro desaparecido de ese oscuro episodio en la historia reciente del país.
En una diligencia judicial del proceso contra el coronel Edilberto Sánchez Rubiano y otros militares, llevada a cabo ante el juez 55 penal del circuito de Bogotá, por los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, un hombre que para la época era funcionario de la Corte Constitucional y tenía 22 años, asegura haber visto además de la guerrillera Irma Franco a 'el Negro'.
Según su relato, luego de permanecer durante varias horas entre los pisos dos y cuatro del edificio del Palacio de Justicia, custodiado por integrantes del M-19 y acompañado por magistrados, mientras las balas agujereaban las paredes, logró que lo dejaran salir y terminó en manos de un soldado que lo condujo a las instalaciones de la Casa del Florero.
"'Tenemos un guerrillo, tenemos un guerrillo', le dijo el soldado a un alto mando, quien de inmediato dijo 'sáquenlo a la Casa del Florero'", contó el testigo, quien en su descripción de los hechos detalló cómo a medida de que era conducido a ese lugar confundido por guerrillero, militares lo empujaban por la espalda con fusiles, mientras lo obligaban a ponerse las manos cruzadas sobre la nuca.
"En el patio del primer piso me obligaron a acurrucarme, me preguntaban que quién era yo, que cómo me llamaba, que si tenía teléfono. Yo di toda mi información", el hombre contó además, que al no tener carné de trabajo porque había ingresado el primero de noviembre, era difícil demostrar que efecto él sí trabajaba en el Palacio de Justicia.
"Un militar -no sé de qué rango- me quitó la billetera, y luego de permanecer un tiempo en ese primer piso, me condujeron al segundo piso en donde me pusieron en frente de varias personas, una de ellas, después supe, se trataba de Irma Franco, tenía una falda a cuadros y una blusa. A ella le preguntaron que si yo era compañero de ella. Dijo que no", relató el hombre.
Irma Franco no era la única guerrillera que, según él, estaba allí. "Había otros dos, o tres hombres, uno de esos era un guerrillero. Le decían ‘el Negro’, sé que era extranjero. Era alto, moreno, pelo crespo, acuerpado. A él también le preguntaron que si me conocía".
Sin embargo, no le creyeron. El hombre aseguró, en su testimonio, que alcanzó a escuchar entre los militares que sería conducido en una ambulancia al Cantón Norte. Minutos después, según el relato, su nombre pasó a otra lista.
"Sentí un descanso absoluto". No era para menos. Los militares ya habían identificado que él ya no era un guerrillero. Gracias a que algunos magistrados lo reconocieron como un trabajador del lugar. Recibió atención médica y su billetera, aunque sin plata, le fue devuelta.
Entre los detalles que dio el hombre a la justicia está también el hecho de que en las escaleras del primer al segundo piso de la Casa del Florero se encontró con una mujer que repartía tintos en el Palacio de Justicia. "Recuerdo a la señora de los tintos. Era morena, negra, cuando a ella la estaban bajando del segundo piso yo iba subiendo, me dijo, en el corto tiempo que nos cruzamos, que también creían que era guerrillera".
El juez en la audiencia fue enfático en preguntarle si a esos dos guerrilleros que dijo haber visto en el segundo piso de la Casa del Florero los vio luego en otro lugar. "No los vi más. Fue la ultima vez que la vi (...) me enteré después por las noticias que Irma Franco estaba desaparecida, del otro muchacho nunca supe nada", respondió.
"Se me han olvidado cosas, han pasado muchos años. Hay bastantes cosas que uno no quiere recordar (...) esto me va a costar pesadillas", aseguró el hombre, quien reconoce que jamás había hablado de ‘el Negro’ por miedo.
"Recuerde que aquí no pasó nada, y si usted no lo olvida su familia lo va a recordar", dijo el hombre que había sido la advertencia que algunos militares le hicieron, minutos antes de dejarlo ir.
EL CARRUSEL DE LA TOGA
La contralora Sandra Morelli sostuvo que su despacho es competente para investigar fiscalmente a los magistrados de la Judicatura.
Veintiún magistrados de la Judicatura irán a juicio fiscal por el aumento exagerado de las pensiones de 70 funcionarios. La Contraloría se le midió a parar esa hemorragia, que podría llegar a 140.000 millones de pesos.
Una decisión de la Con-traloría resolvió enfrentar uno de los temas más polémicos de los últimos meses. En un hecho inédito, el ente de control abrió un juicio fiscal a 21 magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura (17 de la Sala Disciplinaria y 4 de la Administrativa) por su presunta responsabilidad en el 'carrusel de las pensiones'. El ente de control encontró que hasta 2010, 70 empleados de la Rama Judicial, gracias a breves 'palomitas' como magistrados auxiliares, lograron multiplicar increíblemente sus pensiones como por arte de magia.
De esos casos, 61 se presentaron en la Sala Disciplinaria. Entre los procesados están José Alfredo Escobar Araújo, Martha Patricia Zea y Temístocles Ortega Narváez (actual gobernador del Cauca), quienes ya dejaron sus cargos. Pero también hay magistrados aún en servicio: es el caso de María Emma Garzón, a quien se le atribuye el nombramiento de 16 magistrados auxiliares, uno de los cuales solo cumplió dos días de trabajo. En la lista sigue el actual presidente de la Sala Disciplinaria, Henry Villarraga, quien registró ocho nombramientos; y el magistrado Ovidio Claros, a quien se le atribuyen seis.
En muchos casos, está por establecerse si los funcionarios favorecidos con la palomita ya se pensionaron. En el de quienes ya lo hicieron, su jubilación, que en promedio iba a ser de unos 4 o 5 millones de pesos, llegó a más de 13 millones. La razón: un decreto de 1971 establece que los empleados judiciales se jubilen con base en su último salario. Sin embargo, los magistrados de la Sala Disciplinaria argumentaron que todos los nombramientos se hicieron dentro del orden legal.
El escándalo no es nuevo. Hace un año SEMANA reveló que muchos empleados de la Rama Judicial estaban aumentando su pensión con unos pocos días en cargos de mayor sueldo. En ese momento, se hicieron cuentas de 90 funcionarios que, entre 2008 y 2011, pasaron fugazmente por la Judicatura. Según la Contraloría, los ajustes pensionales le han costado al Estado más de 13.000 millones de pesos, pero podrían llegar a ser 140.000 millones.
El proceso fiscal se abrió luego de que, en diciembre pasado, el presidente encargado de la Sala Administrativa, magistrado Néstor Correa, echó por tierra la creación de 71 nuevos cargos (58 magistrados auxiliares y 13 de descongestión). Los acuerdos habían sido firmados por el magistrado Escobar Araújo antes de cumplir su periodo. En su momento, la Corte Constitucional pidió explicaciones para esa medida y la calificó de "extraña". No era para menos, pues la Reforma a la Justicia, en discusión en el Congreso, contempla eliminar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, pero curiosamente deja viva la Disciplinaria, que es el órgano más cuestionado.
El juicio de responsabilidad fiscal podría terminar con una sanción económica para los magistrados involucrados. En ese caso, tendrían que pagar con su dinero el posible detrimento patrimonial y posiblemente quedarían inhabilitados, pues los funcionarios no deben tener deudas con el fisco nacional. Sin embargo, la Comisión de Acusaciones de la Cámara tiene la competencia para investigarlos disciplinaria y penalmente. El viernes pasado, el presidente de esa célula legislativa, Germán Blanco, indicó que "no hay diligencias en ese proceso", a pesar de que el escándalo estalló hace un año.
Pero la Fiscalía y la Procuraduría también podrían pasar a investigar, ya no a los magistrados, sino a los beneficiarios de las millonarias pensiones. Desde el punto de vista penal, la investigación podría conducir a que se configurara el delito de concusión o el de cohecho, según explicaron a SEMANA varios penalistas.